#25N: lo que Colombia mide (y lo que no mide) sobre violencia contra las mujeres

Desde el año 2000 se conmemora el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, cada 25 de noviembre; en esta fecha, no solo se visibiliza y denuncia, también es la oportunidad para continuar reclamando políticas y acciones concretas en pro de la eliminación de la violencia que sufren múltiples mujeres alrededor del mundo.

La violencia contra las mujeres puede presentarse de diferentes maneras, pero todas conservan un origen común: el control sobre la mujer, la desigualdad y la vulneración de la autonomía. La violencia física comprende cualquier agresión que cause daño corporal, desde golpes hasta lesiones graves. La violencia psicológica incluye insultos, humillaciones, amenazas, manipulación y cualquier comportamiento que afecte la salud emocional o la dignidad. La violencia sexual abarca actos sin consentimiento, coerción, explotación o cualquier forma de vulneración del cuerpo y la libertad sexual. La violencia económica se manifiesta cuando se controla el acceso al dinero, se impide trabajar, se retienen ingresos o se condicionan recursos como forma de dominio. La violencia patrimonial implica la destrucción, retención o apropiación de bienes, documentos o pertenencias de la mujer. La violencia obstétrica, cada vez más visibilizada, se refiere a prácticas deshumanizadas durante el embarazo, parto o posparto, como la negación de información, intervenciones sin consentimiento, trato degradante o vulneración del derecho a un parto digno. Finalmente, la violencia digital engloba amenazas, vigilancia, difusión no consentida de contenido íntimo, suplantación y cualquier forma de agresión mediada por tecnologías. Todas estas formas están interrelacionadas y pueden coexistir, reforzando ciclos de control y dependencia que dificultan la protección y la salida de la violencia.

Uno de los principales retos en la eliminación de la violencia contra la mujer, es la alta normalización de estas acciones, que en muchos casos dificultan la posibilidad de identificarlas y de acceder a la denuncia y la atención.

Colombia cuenta con un observatorio de violencia de género, el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), que integra fuentes como SIVIGILA, Medicina Legal, Fiscalía y el Registro Único de Víctimas; a corte de 6 de octubre de 2025 se reportaron en total 109.781 casos de violencias asociadas al género. De ellos, 50.576 corresponden a violencia física, 29.292 a violencia sexual, 17.147 a negligencia y abandono y 12.766 a violencia psicológica. El 75.7% de las víctimas son mujeres, es decir***, tres de cada cuatro casos***. Aunque la consolidación de este sistema nacional es un avance significativo, sus datos solo muestran una parte del problema. No informan sobre las condiciones educativas o económicas de las mujeres. Tampoco incluyen la violencia económica, que limita la autonomía, restringe decisiones y perpetúa la dependencia, ni la violencia digital, que hoy constituye un riesgo creciente y sofisticado y mucho menos la obstétrica, que apenas estamos reconcomiendo.

Al pasar del panorama nacional, en Antioquia, se observa una disminución sostenida en los reportes: 22.049 casos en 2023, 17.016 en 2024 y 14.560 en lo corrido de 2025. Sin embargo, esta reducción numérica no significa necesariamente una reducción proporcional de la violencia. El 81.8% de las víctimas registradas en 2025 son mujeres, lo que evidencia que la violencia sigue afectándolas de manera desproporcionada. Además, la relación víctima–agresor revela que las violencias no ocurren con desconocidos: el 45.36% de los casos involucra a la pareja o expareja, el 68.38% ocurre dentro de la vivienda y en el 29.4% de los casos la víctima convive con el agresor. Es decir, la misma casa, que debería ser un entorno de seguridad, se convierte para muchas mujeres en el principal escenario de riesgo. La combinación de cercanía emocional, dependencia económica y roles normalizados crea un terreno fértil para la continuidad de las violencias.

En Urabá, se han reportado 1154 casos, de los cuales 986 la víctima es una mujer;

A ese panorama se suma un elemento aún más alarmante: las niñas y adolescentes representan una proporción muy alta de las víctimas, especialmente en violencia sexual. En municipios como Carepa, Apartadó o Chigorodó, más del 25% de las víctimas mujeres son menores. Esto no solo refleja una vulneración profunda, sino también un riesgo intergeneracional: cuando la violencia comienza en la infancia, se hereda el trauma, se multiplica el miedo y se normaliza la desigualdad desde edades tempranas.

Todo esto nos lleva a preguntarnos qué sabemos realmente y qué seguimos sin medir. Las herramientas actuales de información no capturan la interseccionalidad: desconocemos cuántas víctimas dependen económicamente del agresor, cuántas son mujeres rurales o indígenas, cuántas presentan discapacidad o cuántas son migrantes. Tampoco sabemos cuántas sufren violencia económica —control del dinero, deudas forzadas, retención de ingresos— o violencia digital —suplantación, amenazas, difusión de contenido íntimo, vigilancia de dispositivos—. Las cifras oficiales muestran la violencia visible, pero ocultan la violencia subterránea que sostiene las dinámicas de poder.

Y mientras todo esto ocurre, hay una pregunta pendiente en el debate público: ¿a quién están dirigidas nuestras campañas de prevención? La mayor parte del contenido mediático sigue hablándole a las mujeres: “denuncia”, “vete a la primera”, “identifica las red flags”, “no te quedes callada”. Aunque son mensajes valiosos, también trasladan la responsabilidad de prevenir la violencia a quienes la padecen. ¿Dónde están las campañas que se dirigen a quienes ejercen la violencia? ¿Dónde están los mensajes orientados a transformar masculinidades violentas, a cuestionar el control, la manipulación, los celos, la vigilancia y la agresión? ¿Dónde están los llamados a la corresponsabilidad comunitaria? ¿Cuál es realmente la ruta de atención en nuestros municipios? ¿Estamos acompañando a las víctimas o estamos dejándolas solas en un sistema que les exige denunciar, salir del hogar, romper vínculos y sostener económicamente a sus familias sin redes suficientes?

El #25N no debe ser solo un día de cifras, sino una oportunidad para cuestionarnos qué sabemos, qué seguimos sin saber y hacia dónde queremos avanzar. Colombia, Antioquia y Urabá comparten un diagnóstico claro: la violencia contra las mujeres es estructural, empieza temprano, se sostiene en relaciones íntimas y ocurre en espacios que deberían protegerlas. Por eso es urgente medir mejor, comprender más y, sobre todo, orientar la prevención hacia quienes ejercen la violencia, no solo hacia quienes sobreviven a ella. Solo así podremos construir territorios donde las mujeres puedan vivir sin miedo y las niñas puedan crecer sin violencia.